El PARTIDO DEMÓCRATA, continuador de la corriente histórica que organizó jurídicamente la Nación, le dio fisonomía propia e impulsó su progreso, llamado a fijar los principios orientadores de su acción cívica.
DECLARA:
Que su ideario político se nutre en los principios del sistema republicano democrático de gobierno. Es una fuerza progresista que aspira a acelerar la evolución del país: que cree que ningún avance social puede consolidarse y ser fecundo si no se apoya en el reconocimiento de la obra del pasado.
Que su filosofía política coloca por encima de todos los valores a la dignidad de la persona humana desde la concepción hasta la muerte natural. Cree que el hombre es un fin en sí mismo y no un medio al servicio de la colectividad, y menos aún del Estado, frente a los cuales tiene derechos individuales y sociales que no pueden serle desconocidos. Por eso la defensa de la libertad es el primer motivo de la acción del partido.
Que no hay progreso si no es dentro de un orden social libre, que garantice ampliamente la igualdad de oportunidades y esté organizado sobre las bases de justicia y legalidad. Las ideas de Justicia y Libertad son inseparables de una sana organización social, sin violencia, sin miseria y sin privilegios. El trabajo es un factor esencial de la producción, como el capital, y la ley debe reconocerles esa jerarquía, asegurando el justo trato de uno y otro.
Que el Estado, como organización jurídica de la sociedad, está a su servicio y no puede tener intereses encontrados con los de ella. Su excesivo desarrollo es contrario al ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Su intervención en la economía es indicada cuando tienda a promover el bienestar social, al fomento de la actividad privada y aún su regulación y ordenamiento actuando como órgano de la justicia o en resguardo del interés general, pero es nociva cuando supera estos límites. La intervención del Estado debe conjugarse con la libertad individual y con la competencia creadora del progreso. La burocracia estatal debe ser combatida y eliminada, por tratarse de uno de los factores que asfixian y retardan el desarrollo de la comunidad.
Que la educación popular y la iniciativa privada constituyen los dos motores fundamentales del progreso colectivo. La vigencia de la seguridad y el orden, una moneda sana y la existencia de auténtica autoridad por parte de los llamados a ejercerla son presupuestos básicos del desenvolvimiento positivo del cuerpo social. La organización de la comunidad deberá ir siendo progresivamente más justa, y ha de tender a favorecer la movilidad social y a la continua mejora de la calidad de vida de todos sus integrantes.
Que la sociedad no podrá perfeccionarse ni la Nación alcanzar su plenitud sin la estricta observancia de los principios de la ética y de la moral, exigible por igual tanto a gobernantes como a gobernados. Por ello también la acción política en todos sus aspectos, debe ser siempre ejercida con el lenguaje de la verdad.
Que la familia y el derecho de propiedad individual son bases de nuestra organización social. La primera debe ser amparada por la legislación; el segundo debe ser mantenido y definido como inherente a la personalidad humana, sin que ello implique admitir su ejercicio contrario al interés de la colectividad.
Que la efectiva división, equilibrio y coordinación de los poderes del Estado es de la esencia del régimen republicano y es garantía indispensable de la libertad individual.
Que la existencia de minorías políticas, respetadas en el libre ejercicio de sus derechos, es el elemento sustancial de la democracia.
Que afirma la necesidad de dar fiel cumplimiento a los tratados, como forma de observar el precepto constitucional de afianzar las relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras; proclama el respeto al derecho de libre determinación de los pueblos; sostiene la necesidad de la efectiva integración territorial Argentina y del fortalecimiento de los vínculos de solidaridad con los países de Iberoamericana; y reafirma para la Argentina un papel preponderante en el mundo.
