Nos hemos presentado ante la Corte Suprema de Justicia por tercera vez (las otras dos el 5 y 19 de junio respectivamente) para que se deje sin efecto la acordada Nº 6/2020 por la cual, violando la Constitución Nacional y el Derecho Internacional, la Corte Suprema ha prestado conformidad al Decreto 297/2020 del Poder Ejecutivo. Este decreto ha dejado prácticamente sin funcionamiento al Poder Judicial de la Nación y ha perjudicado gravemente a la Argentina en el orden internacional. Somos el único país del mundo que a raíz del coronavirus clausuró virtualmente el Poder Judicial. El texto aludido abarca, sustancialmente, los siguientes puntos:
El incumplimiento habitual de los compromisos financieros contraídos hiere nuestra imagen internacional.
No cumplir con el pago de nuestras deudas tiene un costo sumamente elevado, porque el arreglo final no implica cancelar su monto, sino postergar el pago para años venideros sin que surjan de la negociación ventajas en términos de prestigio financiero, ulteriores transacciones comerciales o inversiones que permitan pagar lo adeudado con lo producido. Se entregan a los acreedores títulos con intereses superiores a los que pagan en mercados internacionales los países limítrofes, que sí gozan de crédito. Estos, por lo tanto, abonan intereses mucho más bajos, al igual que los países europeos o asiáticos como Japón, Taiwán o China. A la Argentina, por el contrario, le presta un sector del mercado que siempre saca partido de nuestros incumplimientos: Terminamos pagando más que aquellos que cumplen religiosamente sus compromisos. Por eso nos siguen prestando a un costo inmenso para nuestro pueblo.
Difícil ingreso a las Naciones Unidas e incumplimiento de una disposición fundamental
El 4 de junio de 1943 un grupo militar de clara inclinación fascista depuso al gobierno conservador y neutral del Dr. Castillo y lo sustituyó por un gobierno que tenía grandes relaciones con algunos sectores nacionalsocialistas alemanes. En la conferencia de Yalta de 1945, que decidió los destinos del mundo de la postguerra, Stalin tuvo una tremenda discusión con Winston Churchill porque consideraba que la Argentina debía ser castigada por haber colaborado con el nazismo y que, por lo tanto, debía figurar en el bando de los vencidos. El líder inglés defendió denodadamente a nuestra Patria, su “amiga” —así la había llamado en un importante discurso—. Lamentablemente, el problema no terminó allí. En la conferencia de Chapultepec, antesala de la que iba a llevarse a cabo en San Francisco y que decidiría la creación de las Naciones Unidas, el Ministro de Relaciones Exteriores soviético, Vyacheslav Molotov, pronunció un terrible discurso contra la Argentina y exigió que no se le permitiera ingresar a las naciones unidas invocando que había estado en el bando nazi. Sin perjuicio de las relaciones nefastas a las que hemos aludido, durante la guerra la Argentina permaneció neutral y obtuvo importantes beneficios del comercio con ambos bandos.
En la Asamblea General, y luego de una negociación difícilísima en la que contamos con el apoyo de todas las naciones latinoamericanas. Estados Unidos y el Reino Unido, por su parte, le otorgaron a la Unión Soviética dos votos adicionales que permitieron el ingreso de Bielorrusia y Ucrania a cambio de la inclusión de nuestra Patria. Debe resaltarse que, con ese ingreso, quedamos comprometidos a no elegir la vía de la guerra para resolver reclamos territoriales.
Años más tarde, luego de la ocupación por la fuerza de las Islas Malvinas, no acatamos la obligación impuesta por las normas internacionales ni obedecimos al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que exigió la retirada de tropas conforme lo pactado. El gobierno argentino, en cambio, siguió adelante con el conflicto armado: olvidó que habíamos ingresado a las Naciones Unidas gracias a la gestión de las dos grandes potencias involucradas y de todas las que integraban la OTAN. Si se hubiera cumplido con lo pactado, hoy tendríamos en nuestras manos sin tacha alguna una Resolución emitida en la época del Dr. Illia que establecía que aquel conflicto debía resolverse mediante negociaciones entre las partes. Estaríamos en muchas mejores condiciones ante la opinión pública internacional.
El Poder Ejecutivo ha clausurado sustancialmente la división de los poderes del gobierno lo que destroza nuestro orden institucional e internacionalmente nos hace un daño inmenso.
El pasado 19 de marzo se produjo un decretazo relacionado con el Decreto 297/2020, por cuyo artículo 2º se obliga a las personas a permanecer en su residencia habitual sin poder ir a trabajar, a excepción de los “trabajadores esenciales”. En lo que concierne a la Justicia, algunos trabajadores figuraban como esenciales y otros no: eran esenciales únicamente quienes estaban de turno, por lo que los demás —que son mayoría— debieron permanecer en sus casas. El Poder Judicial prácticamente no está funcionando: gran parte de los Juzgados de Primera y Segunda Instancia, al menos en la capital de la Argentina, ya no existen. La Corte Suprema conoce los litigios solamente por apelación de los Tribunales Inferiores —excepto casos puntuales— y hoy estos están cerrados. Esta atribución constitucional de la Corte Suprema, tan esencial, ha sido dejada sin efecto por el decretazo del Poder Ejecutivo primero y luego por la Corte Suprema: ella misma ha declinado el grueso de sus atribuciones y obligaciones constitucionales.
Esta decisión viola la Constitución Nacional porque una República está integrada por un poder Legislativo, uno Ejecutivo y uno Judicial que deben controlarse mutuamente, según lo establecido por Montesquieu en el siglo XVIII. Sus enseñanzas fueron superadas tiempo después por la interpretación que hizo de la Constitución Norteamericana de 1787, John Marshall, Presidente de la Corte Suprema Norteamericana quien en 1803 conjuntamente con sus demás integrantes, estableció que los Magistrados de cualquier instancia podían resolver que una ley del Congreso, una disposición del Poder Ejecutivo o una decisión tomada en un Estado de la Unión Americana quedara sin efecto si violaba la Constitución. Los patriotas argentinos que redactaron la Constitución de 1853 y los Magistrados Judiciales posteriores, siguieron su ejemplo.
V.E. en lugar de rechazar el decretazo, lo ha convalidado, incurriendo así en un grave ilícito constitucional: le ha quitado a la Corte Suprema su atribución de revocar las sentencias de grado inferior porque no permite que estas existan. En cuanto a las repercusiones internacionales, la Argentina es uno de los países miembro del G20, un grupo de élite que concentra el 85 % del Producto Bruto del mundo. Nuestro país, dentro de ese grupo, figura primero en las cuestiones relacionadas con la inflación. Ahora bien, ¿podrá seguir perteneciendo a esa élite cuando se extienda la noticia de que tampoco tiene un Poder Judicial en funcionamiento porque fue clausurado por el Poder Ejecutivo y que esa medida despótica e irracional fue avalada por la Corte Suprema de Justicia? Deseamos que esto no ocurra, pero es sabido que la Organización de las Naciones Unidas ya ha mostrado su desacuerdo ante esta decisión de corte totalitario e ineficiente en el programa titulado “Marco para la respuesta y recuperación socioeconómica y ambiental al Covid-19”. Allí también se estima que este año el P.B.I. de la Argentina caerá un 8.2 %, que unas 750.000 personas perderán su empleo y que el 60 % de los hogares ha visto reducidos sus ingresos, situación que se profundizará en los próximos meses. Entre los aspectos mencionados en el programa se encuentran “fortalecer las instituciones” para poder dar respuesta a la crisis y “que la Justicia muestre eficacia y transparencia, y que se reabran los tribunales cuanto antes”.
Si esto último no ocurre con toda urgencia, estaremos nuevamente en la vereda opuesta a la de las naciones civilizadas: no cumplimos con los compromisos financieros contraídos, en la última parte de la II Guerra Mundial tuvimos amistades lamentables por las que casi no ingresamos en las Naciones Unidas, mantuvimos la ocupación de las Islas Malvinas pese a la advertencia de las Naciones Unidas y pagamos el precio de una sangrienta contienda. Ahora, como corolario, dejamos sin Justicia a los ciudadanos argentinos y extranjeros que habitan nuestro suelo. ¿Qué pasará si nos retiran del G20 por no cumplir con aquello que asegura el Derecho Internacional a todas las personas? ¿No podemos comportarnos responsablemente y llenar las obligaciones de tan importante membresía? Querido lector, el honor de la Patria está en juego. Recuérdeselo a sus funcionarios.
El autor es dirigente del Partido Demócrata