Es cierto que el actual régimen de coparticipación impositiva somete a la provincia de Buenos Aires a una situación de despojo. También es cierto que no es la única. Hay otras provincias, como las de Mendoza y Córdoba, que desde hace muchos años sufren la misma injusticia con el agravante de que no reciben dineros bajo la mesa como ahora le entregan al gobernador Kiciloff. En la Argentina, los pobres de las provincias supuestamente ricas subsidian a los ricos de las provincias pobres.
Es innegable, asimismo, que a una provincia o jurisdicción asimilable a tal no se le pueden quitar manu militari derechos de los que ya goza, como se anunció respecto de la Ciudad de Buenos Aires. Mucho menos que lo haga por sí y ante sí el Presidente de la Nación arrogándose facultades de las cuales carece so pena de invadir el territorio prohibido por el art. 29 de la Constitución Nacional.
La Ciudad de Buenos Aires vio aumentada su coparticipación en la administración anterior (que luego ha perdido), pero no a costa de una provincia –como es el caso actual- sino de recursos pertenecientes al Estado nacional.
El apoderamiento de de recursos propios de la C.A.B.A. no ha sido legitimada por una renuncia ni resuelta por una Convención Reformadora, menos por un acuerdo de provincias y ni siquiera tiene la apariencia de legalidad que le daría una ley del Congreso Nacional.
Cuando lo que no puede decidir ni siquiera el Parlamento lo resuelve el Poder Ejecutivo bicéfalo que nos gobierna, bien podemos afirmar: la República agoniza.
Por: Gabriel Llano y Guillermo MacLoughlin