La reciente sanción de la ley en materia de tarifas eléctricas y de gas constituye un serio retroceso institucional, además de una torpe medida económica. Resulta claro que la fijación de dichas tarifas es atribución exclusiva del Poder Ejecutivo, luego de celebradas las respectivas audiencias públicas. La pretensión, pues, del Congreso de retrotraer el valor de las tarifas a noviembre de 2017, carece de todo sustento constitucional e importaría, además, inferir un daño al erario público de tan considerable magnitud como de imposible financiamiento. Debe advertirse, pues, a la sociedad, del serio agravio que los autores de tal atropello institucional y absurdo económico han pretendido inferir al país todo, con la probable intención de obtener un dudoso rédito político. Tal maniobra merece, además de nuestra total reprobación, sea denunciada como un claro intento de subvertir el orden constitucional establecido por parte de aquellos que, cuando les tocó gobernar, obraron en sentido exactamente opuesto, vetando, entre otras, la ley que fijara el 82% móvil para las jubilaciones más humildes.
Ricardo R. Balestra
Diputado de la Nación (MC), presidente Convención Partido Demócrata
Alberto Allende Iriarte
Diputado de la Nación (MC), presidente Junta de Gobierno
